Elma Saiz concede 1,3 mill. para atender a 320 invasores a una asesora del Gobierno

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Elma Saiz junto a inmigrantes ilegales gestionados por la Fundación APIP-ACAM.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha adjudicado un contrato valorado en 1.352.400 euros a la Fundación APIP-ACAM, dedicada a apoyar a las personas y familias en situaciones de necesidad, de falta de medios económicos y/o dependencia física o intelectual que, sin embargo, ha optado por gestionar la atención de 320 inmigrantes ilegales arribados a España.


Tal y como el contrato, presente en la Plataforma de Contratación del Sector Público y adelantado en la plataforma X por el usuario @CanarioToday señala, la concesión está destinada a servicios relacionados con el alojamiento, la manutención, el mantenimiento preventivo y correctivo, la seguridad, la salubridad, el transporte, el acompañamiento social e información, la traducción e interpretación y la atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia. Es decir, cubre todas las necesidades básicas.

Al investigar qué hay detrás de esta fundación, descubrimos que su fundadora y directora, Montserrat Font Sanmiguel, fue designada el pasado 4 de julio como vocal en el Consejo Asesor de Brecha de Género. Este consejo es presidido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y busca abordar y reducir las desigualdades de género en España.


Siete años sin actualizar las cuentas


La ONG APIP-ACAM, que gestiona fondos públicos significativos, tiene sus datos de transparencia notablemente desactualizados. Según lo reflejado en su página web, las cifras más recientes disponibles corresponden al año 2017, lo que resulta llamativo dado el volumen de ingresos que maneja y la relevancia actual del debate migratorio.


En esas cuentas auditadas, la organización reportó ingresos totales de 14 millones de euros provenientes de subvenciones e ingresos públicos, lo que representaba casi el 90% de su financiación total. Este fuerte respaldo público resalta la necesidad de una actualización más frecuente de sus datos económicos, especialmente en un contexto de escrutinio creciente sobre el uso de recursos públicos.


El gasto en personal destaca como la partida más significativa, alcanzando los 10 millones de euros, equivalentes al 66% de los ingresos totales de la ONG. Esta proporción subraya la importancia de la estructura laboral dentro de su modelo de funcionamiento, pero también plantea preguntas sobre la eficiencia en la asignación de recursos.


Que una organización que maneja un presupuesto de tal magnitud publique información financiera tan antigua plantea interrogantes sobre su compromiso con la transparencia. La ausencia de datos actualizados en su web dificulta el análisis de su gestión en un momento en que el tema migratorio ocupa un lugar central en el debate político y social.