Un caso de ocupación ilegal ha dejado a un vecino de Girona, Jordi Riera, y a toda su familia, en una situación de desesperación e impotencia. Su familia ha sido víctima de una ocupación por parte de desconocidos, con una serie de hechos que ha puesto en evidencia las deficiencias de la legislación actual y la falta de apoyo institucional ante este tipo de situaciones, también del gobierno municipal de Girona, controlado por la CUP, Esquerra y Junts, con una reacción tibia.

Todo empezó cuando, según explica Riera, estaban en la propiedad, donde no había nadie, si bien sí que había indicios que había sido ocupada, por el destrozo de una pared que habían construido en el anterior intento de ocupación. Cuando la familia estaba en el interior revisando el estado de la vivienda, aparecieron un grupo de hombres que intentaron acceder. La familia lo evitó, pero los hombres empezaron a amenazarles, hecho que obligó a la familia de Jordi a llamar al 112 y alertar a la policía. La familia había ido a la casa para iniciar unas obras después de meses esperando la licencia por parte del Ajuntament de Girona, uno de los hechos que también ha permitido la ocupación, después de estar meses cerrada -aunque protegida- esperando recibir esta autorización municipal fruto de la burocracia.
La policía echó a Jordi y a su familia
A pesar de la alerta a la policía, esta permitió la entrada de los ocupantes, que, una vez dentro, se pusieron a aplaudir, humillando a los propietarios. La única prueba que enseñaron a los ocupantes, para demostrar que aquello era su casa, fue un vídeo donde se veía que estaban cocinando con unas ollas. Que no tuvieran ningún contrato, que hubieran aceptado que habían forzado la puerta para entrar y que los propietarios enseñaran incluso las escrituras de la vivienda, no sirvió de nada. La policía informó a Jordi de que tenían las de perder por "allanamiento de morada", la suya propia, y que podrían incluso ser detenidos. Los ocupantes, que iban bien vestidos y con teléfonos móviles de alto valor, fueron identificados por la policía, algunos de ellos con pasaportes marroquíes y otros con NIE.
Las cosas empeoraron durante la misma noche. Según los testigos de los vecinos, oyeron golpes y derribos dentro de la casa. Eso no hizo más que aumentar la incertidumbre sobre el estado de la propiedad, con el miedo a que incluso otras personas pudieran haber accedido al lugar. "Nos han informado de que incluso ha entrado más gente. Ahora mismo, no sabemos qué pasa dentro de nuestra propiedad", explica Riera.
Trabas burocráticas que lo complican y ralentizan todo
A partir de entonces, Riera y su familia empezaron a enfrentarse a una serie de trabas burocráticas y administrativas que complicaron todavía más su situación. Después de presentar una denuncia al juzgado de guardia de Girona, les informaron de que no eran los únicos afectados. En aquel mismo día, otras dos ocupaciones habían sido tramitadas, pero Riera expresó su indignación por la lentitud del sistema: "Después de 24 horas, el juzgado todavía no había recibido el atestado policial.", asegura Riera.
Además, cuando intentaron obtener más información de la Policía Municipal, se les informó de que tendrían que declarar antes de poder continuar con el proceso, un hecho del que nadie les había avisado previamente. "Nos aseguraron que el atestado pasaría por los Mossos, pero que solo llevan los casos de ocupaciones a los juzgados los miércoles", añade Riera, resaltando la frustración por la ineficacia del procedimiento y la falta de contundencia policial para hacer frente a este tipo de hechos.
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