Por si no era suficiente que no estén cerrados los medios propagandísticos, que no estén disueltos los mossos, que se siga adoctrinando a los menores, ahora llegan más pruebas de las intenciones y de la COMPLICIDAD del Gobierno, que se coloca, ahora, al frente del golpe. Se prepara amnistía para los golpistas, para que se puedan presentar a las elecciones.
Recordemos quién elige a los miembros del Supremo: el CGPJ. Y quién elige a los miembros del CGPJ? Congreso y Senado, es decir, el PP y C's, básicamente, como ya veremos.
El Supremo, dispuesto a asumir el control de la causa contra el ‘procés’
El Tribunal Supremo se prepara para asumir todas las causas judiciales abiertas contra exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament por el proceso independentista. La Sala de lo Penal ha dejado la decisión en manos de Pablo Llarena, el magistrado que instruye la causa del alto tribunal, pero las fuentes consultadas consideran que “lo más probable y lógico” es que se centralicen las investigaciones. La decisión se basará en que el delito de rebelión es colectivo (se comete en grupo) y no se pueden separar los hechos cometidos por un investigado de los cometidos por otro.
En el Supremo no ha gustado el encarcelamiento de ocho miembros del Govern y las fuentes consultadas no descartan que esta decisión se revierta antes del 21-D.
El Tribunal Supremo es poco proclive a asumir la investigación completa de las causas en las que hay implicados aforados y no aforados. Lo habitual es que se quede solo con la instrucción correspondiente a los investigados que mantienen el fuero y devuelva el resto a los jueces de las instancias inferiores, ya sea un juzgado de instrucción o un tribunal superior autonómico. Pero las fuentes consultadas sostienen que, en el caso de los procedimientos abiertos por el proceso independentista, se dan varias circunstancias que aconsejan centralizar las causas. El Supremo asumiría así las investigaciones abiertas tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La primera de estas razones parte de las características propias del delito de rebelión (472 del Codigo Penal), que siempre es de ejecución colectiva: un grupo de personas que se alzan para conseguir un fin, en este caso la independencia. Esto, según las fuentes consultadas, impide investigar los hechos cometidos por los imputados aforados (en este caso, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa) de forma aislada del resto.
La puerta para asumir todas las causas la abrió la Sala de lo Penal del alto tribunal en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía contra los aforados. Los cinco magistrados que firmaron esa resolución dejaron en manos del instructor, Pablo Llarena, la decisión de centralizar o no la investigación, pero en su escrito dejaron claro de qué dependerá: que los hechos que se investigan en las otras causas sean "inescindibles respecto de los inicialmente atribuidos" a los investigados en el Supremo. Y si el delito de rebelión es colectivo, la causa, avanzan fuentes del tribunal, no se debe dividir. Este razonamiento serviría para que el alto tribunal asumiera la investigación por rebelión que instruye la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra Carles Puigdemont y su Govern cesado, así como las abiertas contra los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero.
Con la centralización de las investigaciones, el Supremo quiere evitar que se valoren con criterios dispares unos mismos hechos. Ya ha habido discrepancias entre las decisiones de la juez Lamela y las suyas (como la suspensión de los interrogatorios de los aforados) y en el Supremo pretenden evitar que se repita.
En el alto tribunal no ha gustado el encarcelamiento de todos los miembros cesados del Govern que han declarado en la Audiencia Nacional. Ya antes de que la juez dictara el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y los exconsejeros, en el Supremo asumían que esa posibilidad, de la que no eran partidarios, daría una baza al independentismo a mes y medio de las elecciones. Las fuentes consultadas del tribunal consideran que la justicia debe mantener su independencia, pero no puede abstraerse del "delicado" momento político que vive el país.
"El criterio del juez"
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, preguntado ayer sobre la decisión de Lamela en una entrevista en Onda Cero, sostuvo que había argumentos para mandar a prisión a los investigados. Pero también advirtió de que en las resoluciones judiciales siempre hay
"un margen para la apreciación" del juez.
En este margen puede moverse el alto tribunal para evitar encarcelar mañana a los miembros de la Mesa del Parlament sin que parezca que está desautorizando a la instructora de la Audiencia. "Las querellas son distintas y las responsabilidades también podrían serlo. Y el criterio del juez también podría ser distinto", afirmó Lesmes.
En el Supremo tampoco pierden de vista que la mayoría de los encarcelados podría formar parte de las listas electorales independentistas para el 21 de diciembre y, si obtienen el escaño, se convertirían en aforados y dependerían del alto tribunal aunque este no hubiera asumido la causa. Los exmiembros del Govern en prisión pidieron ya en la Audiencia que se les deje libres para poder hacer campaña electoral en igualdad de condiciones. Si la Audiencia mantiene presos a los investigados o no resuelve antes de que el Supremo asuma la causa, será el alto tribunal el que tendría que decidir si la campaña se desarrolla con varios candidatos entre rejas.
En el órgano que preside Lesmes se inclinan por evitar esta situación.
El Gobierno presiona a la Fiscalía y al Supremo para que no encarcele a Forcadell
Desde que la jueza Carmen Lamela envió a prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los consejeros que se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional, el Gobierno solo ha dicho en público que
"respeta" todas las decisiones judiciales. Sin embargo, las horas previas a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el futuro de Carme Forcadell y de quienes han sido sus compañeros de la Mesa del Parlament,
se han multiplicado las presiones del Ejecutivo para que el Alto Tribunal no siga el camino marcado por la Audiencia Nacional.
Este miércoles, el diario El País informaba de que el Tribunal Supremo se preparaba para asumir todas las causas judiciales abiertas contra exministros del Govern y de la Mesa del Parlament en relación al proceso independentista. En esa información se daba a entender que el Supremo podría no encarcelar a los miembros de la Mesa del Parlament porque
"las querellas son distintas, las responsabilidades también podrían serlo y el criterio del juez también podría ser distinto".
El nerviosismo se ha instalado en el seno de los partidos constitucionalistas desde que una parte del Govern cesado duerme en una cárcel de Madrid y los independentistas los han utilizado para alimentar su victimismo. Las direcciones del Partido Popular y de Ciudadanos comparten un mismo pronóstico:
"Los independentistas tienen la campaña electoral hecha con los encarcelamientos".
Campaña electoral en libertad
Con el reloj ya en el descuento para el 21-D, en el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy también dicen haber comprobado cómo el sentir independentista ha vuelto a renacer desde que Junqueras y parte del Govern cesado duerme entre rejas, mientras Puigdemont pide cada día su liberación desde Bruselas. De hecho, el anhelo de Moncloa es que este jueves no se repita la misma imagen que el viernes pasado, la del traslado de los investigados en un furgón policial hasta alguna cárcel de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno, el partido que lo sustenta y Ciudadanos, su socio de investidura, quieren que todos los independentistas que están hoy en la cárcel y acaben formando parte de una candidatura hagan campaña en plena libertad y así poder competir en igualdad de condiciones.
Fuentes del partido conservador aseguraban hace unos días a este periódico que
con los candidatos en la cárcel "los secesionistas volverán a incidir en que los jueces no son neutrales. Y aunque en España existe separación de poderes esa imagen y esa tesis nos perjudica".
Para acordar prisión incondicional sin fianza, como hizo la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, el magistrado Pablo Llanera tiene que detectar la existencia de riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Como desde que se aplicó el artículo 155, Forcadell ha acatado su situación -de hecho, lo primero que hizo fue reconocer que la Cámara que ella preside estaba disuelta-, sólo la consideración de la reiteración delictiva podría llevarla a prisión.