La policía confirma las prácticas de financiación ilegal en el PP

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, la UDEF, apunta en un informe sobre los llamados papeles de Bárcenas que el PP, entre 1990 y 2008, se financió con donaciones ilegales que le entregaron grandes empresarios españoles. El informe, que ocupa 131 folios y que ya está en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, confirma que el extesorero del PP Luis Bárcenas ingresó en un banco parte de las donaciones ilegales, y lo hizo, como adelantó EL PAÍS el pasado 17 de abril, troceándolas en pequeñas cantidades para evitar que superasen los 60.000 euros y que el Tribunal de Cuentas pudiera advertir que incumplía la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Además, la policía recuerda en su informe que las empresas donantes (OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Aldesa o Contructora Hispánica, entre otras) recibieron contratos de administraciones públicas, algunas gobernadas por el PP y otras por el PSOE y otros partidos.

El informe de la UDEF abunda en la autenticidad de los papeles manuscritos de Bárcenas que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero (están escritos de su puño y letra, según el informe policial caligráfico) y destaca que existen abrumadoras coincidencias entre los apuntes de Bárcenas, la contabilidad oficial del PP y los extractos que figuran en la cuenta especial del Banco de Vitoria (luego Banesto) en la que se ingresaban esas donaciones en aras de la transparencia que imponía la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Los papeles de Bárcenas reflejan una supuesta caja B del PP en los últimos 20 años. Una contabilidad paralela que recoge donaciones ilegales al partido de grandes empresarios y supuestos pagos o sobresueldos con ese dinero a la cúpula dirigente del partido. Pagos a políticos (“complementos”, los define Bárcenas en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción) que también serían ilegales porque algunos de los beneficiarios ya cobraban sueldos como cargos de la Administración y tenían prohibido recibir cualquier otro tipo de remuneración.

Los donativos que Bárcenas fue registrando en esa contabilidad secreta no hubieran podido entregarse por vías oficiales, dado que su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos por ser contratistas de la administración. La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007 —prácticamente toda la etapa que recogen los manuscritos de Bárcenas—, señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año”. Y añadía: también estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”.

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