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LLUVIA DE QUERELLAS El proceso inunda la justicia

  1. #1
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    LLUVIA DE QUERELLAS El proceso inunda la justicia

    La progresiva judicialización de la cuestión catalana desemboca en multitud de causas que durarán años



    La maquinaria judicial se puso en marcha para saldar cuentas con los responsables de la consulta del 9-N y desde entonces ya no se ha interrumpido en todo aquello que concierne al proceso independentista. Las tuercas están engrasadas y todo el aparato judicial actúa con unidad de criterio contra los dirigentes que capitanearon el proceso hasta que llegue el día de la sentencia final.

    La vía política va por unos cauces. La maquinaria judicial, por otros. Cuando se activa ya no hay marcha atrás. Para que se finiquiten todos los procesos abiertos falta tiempo. Años. El ritmo en que se resuelvan las causas tendrá una incidencia directa en la vida política. Centenares de dirigentes pasarán años bajo el foco de la justicia. Centenares de ciudadanos y policías también.


    La vía política va por unos cauces y la maquinaria judicial, por otros

    La lluvia de querellas impulsada por la Fiscalía General del Estado inunda la justicia con causas que investigan la actuación de los líderes independentistas –el Govern, la Mesa del Parlament, la ANC y Òmnium– en la preparación del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia. Sin embargo, el peso de la justicia no sólo recaerá sobre ellos. La caudalosa riada judicial también discurre por otras cañerías secundarias cuya rápida resolución dependerá de lo saturados que estén los juzgados.

    Los tribunales catalanes tienen sobre la mesa 79 investigaciones abiertas con centenares de imputados que no tienen vinculación con la primera línea política, pero que de igual manera deberán someterse al escrutinio de un procedimiento judicial. De menor calado, eso sí, pero al fin y al cabo causas judiciales que dejará a estos ciudadanos bajo la supervisión de la justicia durante varios años con el riesgo de que pueda desembocar en una condena penal.

    Los tribunales catalanes tienen sobre la mesa 79 investigaciones abiertas



    Estas investigaciones se concentran en 33 juzgados de Catalunya que se encargan de investigar hechos derivados del 1-O, al margen de las que se instruyen al máximo nivel en el Tribunal Supremo, en contra de los líderes independentistas, y en la Audiencia Nacional contra el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Aun así, estos son los procesos que tienen más probabilidades de correr con una rápida resolución. La pieza principal que instruye el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, se marca el otoño de este año como fecha límite para sentar a los líderes independentistas en el banquillo. La instrucción va a buen ritmo y el juez confía en señalar el juicio para octubre de este mismo año. Además cuenta con gran parte del trabajo investigado por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que desde hace un año revisa la financiación, la estructura y la logística del referéndum , causa en la que hay más de una veintena de altos cargos y empresarios imputados.


    (Ana Jiménez)
    El resto de procesos no contarán con la misma rapidez y estarán expuestas a las cargas de trabajo de cada juzgado. Estos procedimientos se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas el mismo 1 de octubre por ciudadanos particulares y que el juzgado de cada territorio ha aceptado investigar. Los procedimientos ponen el foco en la presunta pasividad de los Mossos a la hora de impedir la celebración del referéndum, las lesiones causadas por las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra los votantes y el uso de los datos personales para elaborar el censo de votación.

    A este grupo cuyas investigaciones están directamente relacionadas con los hechos del 1-O le siguen otras causas que se han abierto de un modo más indirecto. Sería el caso de los humoristas, como el director de la revista El Jueves o el Senyor Bohigues, personaje de ficción del programa Versió RAC1, que deberán rendir cuentas ante la justicia por supuestamente injuriar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los comentarios sobre las cargas policiales también derivaron en un apercebimiento de la Fiscalía por un delito de odio a un grupo de profesores de escuelas de la Seu d’Urgell y Sant Andreu de la Barca. Habrían proferido comentarios despectivos en contra las fuerzas de seguridad. Tras ser interrogados, la Fiscalía está analizando si interpone una querella criminal contra ellos. Para combatir esos casos, el Ministerio del Interior colgó un formulario en su web para que los agentes de Policía desplazados a Catalunya informaran cuando padecieran delitos de odio. Igual que los profesores, los gerentes de los hoteles de Calella y Pineda también están señalados por la Fiscalía por un delito de odio al querer expulsar a los antidisturbios que alojaban en los días próximos al 1-O. La Fiscalía todavía no ha tomado una decisión al respecto. La huelga convocada en contra de la actuación policial el 3 de octubre y de los encarcelamientos el 8 de noviembre mantiene imputados por desórdenes a 54 personas en Igualada y 9 en Barcelona.

    Nuevas causas abiertas de un modo más indirecto

    La actuación policial también será objeto de revisión judicial. La causa principal la lleva el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, donde se acumula el mayor número de denuncias por lesiones, entre ellas la del herido más grave que perdió la visión de un ojo por el disparo de una pelota de goma. En esta investigación constan 257 denuncias de personas heridas por las cargas. El juez ordenó identificar a los agentes para evaluar si actuaron con proporcionalidad. En total, hay 31 investigaciones como esta. Se trata de causas que todavía siguen vivas, puesto que 107 quedaron archivadas de inicio después que el juez concluyera que el autor de los hechos era desconocido.

    Los tentáculos judiciales también se extienden hacia los Mossos d’Esquadra. El mayor Josep Lluís Trapero, cesado por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155, está imputado de sedición. Se le acusa de entorpecer con su inacción el registro del 20 de septiembre en la sede la Conselleria d’Economia y de vulnerar el mandato dado por el TSJC de impedir la celebración del referèndum. En la última semana las sospechas contra Trapero se agudizaron al trascender que los Mossos pretendían incinerar papeles relacionados con el 1-O y que realizaron vigilancias y contravigilancias a los políticos de la oposición. Esas son las acusaciones. La versión de Trapero es otra. Ni los papeles eran confidenciales y las vigilancias forman parte del proceder habitual en situaciones de tensión. En el capítulo que señala a los Mossos durante el 1-O también se dirimirá la actuación de los agentes rasos. A pesar de que los sindicatos policiales insistieron hasta la saciedad de que no querían responsabilizarse por cumplir las órdenes de sus superiores, existen 26 juzgados con denuncias contra los Mossos por desobediencia e inacción. Los juzgados los citarán a declarar como imputados. Pero aún hay más. La presunta mala praxis también se dirimirá internamente. La unidad de Asuntos Internos de los Mossos distribuyó un cuestionario a los agentes para que aclararan cuál fue su forma de proceder durante la celebración del referéndum. De ahí podrían derivarse expedientes internos e incluso denuncias ante los juzgados, en los casos más graves.




    El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , a la salida de la Audiencia Nacional
    El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , a la salida de la Audiencia Nacional (Dani Duch)
    Pero sin duda la decisión que volverá a sacudir el tablero político es si la Fiscalía finalmente se querella contra los 712 alcaldes que fueron interrogados antes del 1 de octubre por su predisposición a ceder espacios municipales para el desarrollo de la consulta. Los delitos que se les podrían imputar son desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. De ser así, el proceso estaría más acorralado judicialmente. Puigdemont, Junqueras, Forn, los soberanistas de la Mesa del Parlament, Trapero, los Jordis, y quizás los alcaldes.

    Las perspectivas de abrir un nuevo tiempo que discurra por otros cauces se antojan poco halagüeñas. Los partidos independentistas avisan de que no se puede abrir un nuevo tiempo sin que antes se zanjen las innumerables causas abiertas contra sus dirigentes. El Estado, por su parte, aboga por el estricto cumplimiento de la legalidad. Quien la hace la paga, y es momento de saldar las deudas. Y para que todo concluya, falta mucho. El 1-O seguirá latente a nivel judicial aunque se difumine de la escena política.



    http://www.lavanguardia.com/politica...cia-tribunales

  2. #2
    No te panikees" Avatar de Javi Chica
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  3. #3
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  4. #4
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    La progresiva judicialización de la cuestión catalana desemboca en multitud de causas que durarán años



    La maquinaria judicial se puso en marcha para saldar cuentas con los responsables de la consulta del 9-N y desde entonces ya no se ha interrumpido en todo aquello que concierne al proceso independentista. Las tuercas están engrasadas y todo el aparato judicial actúa con unidad de criterio contra los dirigentes que capitanearon el proceso hasta que llegue el día de la sentencia final.

    La vía política va por unos cauces. La maquinaria judicial, por otros. Cuando se activa ya no hay marcha atrás. Para que se finiquiten todos los procesos abiertos falta tiempo. Años. El ritmo en que se resuelvan las causas tendrá una incidencia directa en la vida política. Centenares de dirigentes pasarán años bajo el foco de la justicia. Centenares de ciudadanos y policías también.


    La vía política va por unos cauces y la maquinaria judicial, por otros

    La lluvia de querellas impulsada por la Fiscalía General del Estado inunda la justicia con causas que investigan la actuación de los líderes independentistas –el Govern, la Mesa del Parlament, la ANC y Òmnium– en la preparación del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia. Sin embargo, el peso de la justicia no sólo recaerá sobre ellos. La caudalosa riada judicial también discurre por otras cañerías secundarias cuya rápida resolución dependerá de lo saturados que estén los juzgados.

    Los tribunales catalanes tienen sobre la mesa 79 investigaciones abiertas con centenares de imputados que no tienen vinculación con la primera línea política, pero que de igual manera deberán someterse al escrutinio de un procedimiento judicial. De menor calado, eso sí, pero al fin y al cabo causas judiciales que dejará a estos ciudadanos bajo la supervisión de la justicia durante varios años con el riesgo de que pueda desembocar en una condena penal.

    Los tribunales catalanes tienen sobre la mesa 79 investigaciones abiertas



    Estas investigaciones se concentran en 33 juzgados de Catalunya que se encargan de investigar hechos derivados del 1-O, al margen de las que se instruyen al máximo nivel en el Tribunal Supremo, en contra de los líderes independentistas, y en la Audiencia Nacional contra el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Aun así, estos son los procesos que tienen más probabilidades de correr con una rápida resolución. La pieza principal que instruye el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, se marca el otoño de este año como fecha límite para sentar a los líderes independentistas en el banquillo. La instrucción va a buen ritmo y el juez confía en señalar el juicio para octubre de este mismo año. Además cuenta con gran parte del trabajo investigado por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que desde hace un año revisa la financiación, la estructura y la logística del referéndum , causa en la que hay más de una veintena de altos cargos y empresarios imputados.


    (Ana Jiménez)
    El resto de procesos no contarán con la misma rapidez y estarán expuestas a las cargas de trabajo de cada juzgado. Estos procedimientos se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas el mismo 1 de octubre por ciudadanos particulares y que el juzgado de cada territorio ha aceptado investigar. Los procedimientos ponen el foco en la presunta pasividad de los Mossos a la hora de impedir la celebración del referéndum, las lesiones causadas por las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra los votantes y el uso de los datos personales para elaborar el censo de votación.

    A este grupo cuyas investigaciones están directamente relacionadas con los hechos del 1-O le siguen otras causas que se han abierto de un modo más indirecto. Sería el caso de los humoristas, como el director de la revista El Jueves o el Senyor Bohigues, personaje de ficción del programa Versió RAC1, que deberán rendir cuentas ante la justicia por supuestamente injuriar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los comentarios sobre las cargas policiales también derivaron en un apercebimiento de la Fiscalía por un delito de odio a un grupo de profesores de escuelas de la Seu d’Urgell y Sant Andreu de la Barca. Habrían proferido comentarios despectivos en contra las fuerzas de seguridad. Tras ser interrogados, la Fiscalía está analizando si interpone una querella criminal contra ellos. Para combatir esos casos, el Ministerio del Interior colgó un formulario en su web para que los agentes de Policía desplazados a Catalunya informaran cuando padecieran delitos de odio. Igual que los profesores, los gerentes de los hoteles de Calella y Pineda también están señalados por la Fiscalía por un delito de odio al querer expulsar a los antidisturbios que alojaban en los días próximos al 1-O. La Fiscalía todavía no ha tomado una decisión al respecto. La huelga convocada en contra de la actuación policial el 3 de octubre y de los encarcelamientos el 8 de noviembre mantiene imputados por desórdenes a 54 personas en Igualada y 9 en Barcelona.

    Nuevas causas abiertas de un modo más indirecto

    La actuación policial también será objeto de revisión judicial. La causa principal la lleva el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, donde se acumula el mayor número de denuncias por lesiones, entre ellas la del herido más grave que perdió la visión de un ojo por el disparo de una pelota de goma. En esta investigación constan 257 denuncias de personas heridas por las cargas. El juez ordenó identificar a los agentes para evaluar si actuaron con proporcionalidad. En total, hay 31 investigaciones como esta. Se trata de causas que todavía siguen vivas, puesto que 107 quedaron archivadas de inicio después que el juez concluyera que el autor de los hechos era desconocido.

    Los tentáculos judiciales también se extienden hacia los Mossos d’Esquadra. El mayor Josep Lluís Trapero, cesado por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155, está imputado de sedición. Se le acusa de entorpecer con su inacción el registro del 20 de septiembre en la sede la Conselleria d’Economia y de vulnerar el mandato dado por el TSJC de impedir la celebración del referèndum. En la última semana las sospechas contra Trapero se agudizaron al trascender que los Mossos pretendían incinerar papeles relacionados con el 1-O y que realizaron vigilancias y contravigilancias a los políticos de la oposición. Esas son las acusaciones. La versión de Trapero es otra. Ni los papeles eran confidenciales y las vigilancias forman parte del proceder habitual en situaciones de tensión. En el capítulo que señala a los Mossos durante el 1-O también se dirimirá la actuación de los agentes rasos. A pesar de que los sindicatos policiales insistieron hasta la saciedad de que no querían responsabilizarse por cumplir las órdenes de sus superiores, existen 26 juzgados con denuncias contra los Mossos por desobediencia e inacción. Los juzgados los citarán a declarar como imputados. Pero aún hay más. La presunta mala praxis también se dirimirá internamente. La unidad de Asuntos Internos de los Mossos distribuyó un cuestionario a los agentes para que aclararan cuál fue su forma de proceder durante la celebración del referéndum. De ahí podrían derivarse expedientes internos e incluso denuncias ante los juzgados, en los casos más graves.




    El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , a la salida de la Audiencia Nacional
    El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , a la salida de la Audiencia Nacional (Dani Duch)
    Pero sin duda la decisión que volverá a sacudir el tablero político es si la Fiscalía finalmente se querella contra los 712 alcaldes que fueron interrogados antes del 1 de octubre por su predisposición a ceder espacios municipales para el desarrollo de la consulta. Los delitos que se les podrían imputar son desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. De ser así, el proceso estaría más acorralado judicialmente. Puigdemont, Junqueras, Forn, los soberanistas de la Mesa del Parlament, Trapero, los Jordis, y quizás los alcaldes.

    Las perspectivas de abrir un nuevo tiempo que discurra por otros cauces se antojan poco halagüeñas. Los partidos independentistas avisan de que no se puede abrir un nuevo tiempo sin que antes se zanjen las innumerables causas abiertas contra sus dirigentes. El Estado, por su parte, aboga por el estricto cumplimiento de la legalidad. Quien la hace la paga, y es momento de saldar las deudas. Y para que todo concluya, falta mucho. El 1-O seguirá latente a nivel judicial aunque se difumine de la escena política.



    http://www.lavanguardia.com/politica...cia-tribunales
    Y esperemos que esta lluvia de procesos se convierta en una auténtica lluvia de mierda para el independentismo.
    Con la Patria y con la madre, con razón y sin razón.
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  5. #5
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    El lema de Tabarnia viene ahora que ni pintado.

    ACTA EST FABULA

    Yo acabaría la frase.

    ACTA EST FABULA, PLAUDITE.
    Con la Patria y con la madre, con razón y sin razón.

  6. #6
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    El lema de Tabarnia viene ahora que ni pintado.

    ACTA EST FABULA

    Yo acabaría la frase.

    ACTA EST FABULA, PLAUDITE.
    «la función ha terminado


    FALTA todavía


  7. #7
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    «la función ha terminado


    FALTA todavía

    La función aún sigue, pero las bromas llegan a su fin. Los procesos pondrán las cosas en su sitio. Muchos entusiastas participantes del golpe, tras pasar el calvario judicial van a retirarse a un discretísimo último plano.
    Con la Patria y con la madre, con razón y sin razón.
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  8. #8
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    A mi lo que se me hace alucinante es como, cuando eran ciudadanos yendo a los tribunales a pedir por ellos, ante la acosante situación económica, trampas financieras, situaciones de desamparo económico, etc. los tribunales nunca daban la razón al ciudadano, siempre va a favor del mundo financiero y fue la justicia europea la que abrió puertas al ciudadano y obligó a cambiar. Y ahora en esto, nuevamente la justicia española, da a la razón al más fuerte. Me da la sensación de que en España siempre es así, depende de tu fuerza, ganarás o no. En cambio en Europa es más fácil que el débil gane alguna vez en un tribuna.

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